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CÓRDOBA. La Cámara de Cuentas de Andalucía sitúa a Córdoba como una de las ciudades andaluzas con menos zonas verdes por habitante. Según un informe elaborado por el organismo fiscalizador sobre gestión ambiental hasta 2005, en esa fecha, la ciudad incumplía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece 5 metros cuadrados de zona verde como mínimo por habitante.
En ese momento, Córdoba sólo contaba con 4,65 metros de jardín por persona, si bien esta cifra se ha visto incrementada con la apertura de parte del parque de la Asomadilla, inaugurado en marzo de 2007 y cuya extensión será de 20 hectáreas. Sumando la nueva zona verde a las que recoge el documento elaborado por la Cámara de Cuentas, Córdoba se sitúa en el límite exigido. Por debajo estaban, en 2005, Fuengirola y Cádiz, las ciudades con peores valores de los quince municipios estudiados.
Pozoblanco y Cabra
La falta de zonas verdes en Córdoba podrá remediarse con la construcción del Parque de Levante, que aún no se ha iniciado, y la apertura total de la Asomadilla.
La capital sale bien parada en lo que respecta al riego de sus escasas zonas ajardinadas, pues sólo se utiliza agua potable para regar un 30 por ciento de ellas, al contrario de otros municipios como Cabra o Pozoblanco, que riegan con agua potable la totalidad y el 99 por ciento de sus jardines, respectivamente.
La localidad de Los Pedroches aparece además como uno de los pocos municipios que en 2005 no había construido carriles para bicicletas, además de no haber aprobado ordenanzas municipales reguladoras de residuos urbanos, algo que se alaba de Córdoba capital, que cumplía con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía que situaba en 17 los kilos de papel y carton por habitante y año, y Córdoba recogió ese año 29,3 kilos. Asimismo, la ciudad era a finales de 2005 una de las cuatro, junto a Cádiz, Jerez y Huelva, que había declarado Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Por su parte, el Ayuntamiento de Cabra no aplicaba tratamiento de aguas residuales y no disponía autorización para verterlas.
El informe pone de manifiesto que ninguno de los ayuntamientos analizados posee edificios públicos con certificado de eficiencia energética.
