El silencio de los parados y el «milagro» de Fátima Báñez

En un país con 5,3 millones de parados y subiendo, la convocatoria de una huelga general como respuesta furibunda contra la reforma del mercado de trabajo debería sonar a chiste. La estadística oficial muestra una España en clara depresión, con un encefalograma tan plano que ni siquiera parece rechistar ante el cúmulo de plagas que acechan a la economía nacional. A diferencia de los fanfarrones socialistas que hace un par de años presumían de su habilidad para contener la crispación social, Mariano Rajoy prefiere curarse en salud aprovechando que el toro de la crisis no tiene aún suficiente trapío para provocar una estampida feroz en medio de la calle.

El jefe del Ejecutivo se ha arrimado como José Tomás al morlaco de la nueva regulación laboral convencido de que la grada de Bruselas no va a consentir más labores de aliño al estilo Zapatero, pero sabiendo también que por muy mal que mire el astifino siempre lo hará con los pitones bien afeitados. El silencio de los parados legitima a un Gobierno que pretende echarle valor a la acción política y otorga a su presidente un capote ante esos colegas del tendido europeo que desconocen los verdaderos secretos de la lidia.

La piedra angular que sostiene al Partido Popular en su cómoda mayoría absoluta fue desvelada hace pocos días por Isidro Fainé en uno de esos cónclaves donde los grandes chefs empresariales se reúnen para cocinar sus recetas contra la crisis. El presidente de la Caixa dejó atónitos a los presentes cuando desenfundó del portafolio un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en virtud del cual cuatro de cada cinco parados inscritos en las oficinas del INEM perciben algún otro tipo de renta al margen de la prestación por desempleo. El disparo retumbó con un estruendo de admiración entre los prebostes ansiosos por encontrar argumentos que permitan operar el milagro de Fátima Bañez, o lo que es igual, una reconversión del Estatuto de los Trabajadores que ponga fin a esa guerra de los treinta años con los sindicatos de la guache divine.

Ni más ni menos ése es el objetivo básico de la reforma aprobada el viernes por el Consejo de Ministros y que marca una divisoria de aguas dentro del marco de relaciones laborales en España. El contrato único no sale adelante porque lo prohíbe la Constitución, aunque todo se andará, pero el abaratamiento del despido se generaliza a los 33 días poniendo fin a esa indemnización secular de 45 días que espantaba cualquier esperanza de contratación provocando una disfuncionalidad perversa entre trabajadores fijos y temporales. El Gobierno remata la faena otorgando también carta de naturaleza al despido de 20 días que reclamaban los sindicatos y exigía Ángela Merkel. La canciller se habrá quedado a gusto con el traje diseñado por la ministra de Empleo después de hacer encaje de bolillos para conciliar los patrones de esos dos maestros de la elegancia reformista que son Cristóbal Montoro y Luis de Guindos.

La reestructuración laboral ha sido campo abonado para que el titular de Hacienda y su colega de Economía crucen sus floretes, de momento con botón en la punta, ante la mirada burlona de Mariano Rajoy. El presidente ha dejado que cada cual mostrase sus particulares ínfulas para terminar dando la razón a Fátima Báñez tras consultar a su fiel escudero Álvaro Nadal, una de esas personas que prefiere influir antes que mandar y que por eso mismo está llamado a convertirse en el asesor con mayor predicamente de toda La Moncloa.

El decreto combina las medidas efectistas destinadas a recuperar la confianza internacional con otras que atacan directamente la fibra sensible del mercado de trabajo. A los Méndez, Toxo y demás compañeros del metal se les acaba el chollo porque los convenios que venzan sólo podrán prorrogarse sin acuerdo durante un plazo de dos años. La tiranía de los sindicatos entra en su fase terminal y eso que Rajoy ha demostrado que no quiere emular a Margaret Thatcher ya que, de otra manera, habría acabado por vía directa con la llamada ultraactividad de la negociación colectiva. En todo caso, el Gobierno no ha dicho la última palabra y habrá que ver las enmiendas que el grupo popular introduce en el debate parlamentario cuando la reforma llegue al Congreso de los Diputados para ser tramitada como proyecto de ley.

Los dirigentes sindicales van a perder el liderazgo gratuito que les ha permitido adoctrinar durante años a la masa anónima de trabajadores pese al escaso nivel de afiliación existente en España. Ahí es donde les duele verdaderamente una reforma, cuya herida provocará una huelga general una vez que Rubalcaba y sus tigres de papel enjaulados en UGT y CC.OO. hayan superado el KO técnico de las últimas elecciones legislativas. Rajoy sabe que sus rivales están groguis escuchando la cuenta de protección pero hace bien en ponerse la venda a ver si así consigue parar el golpe de nuestros queridos vecinos comunitarios.