Los representantes de la coalición de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco, Benito García (CDeI) y Pablo Carrillo (PSOE), comparecieron ayer en rueda de prensa para aclarar la información publicada ayer por ABC sobre el caso de El Ochavo y la alineación de la calle Marcos Redondo, en la que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba condenaba al Ayuntamiento a indemnizar con 89.000 euros a los empleados de la constructora El Ochavo.
Así las cosas, el Ayuntamiento está obligado a pagar la indemnización a los trabajadores, en un fallo del tribunal ante el que «no cabe recurso», según explicó el alcalde de Pozoblanco, Pablo Carrillo, quien anunció que el equipo de gobierno pedirá responsabilidades a «los que llevaron a Pozoblanco a esta situación (en clara alusión al ex alcalde del PP Baldomero Moreno, a quien desbancaron del sillón municipal con una moción en julio)». Por su parte, García apuntó que están obligados a ello «porque así nos lo marca la ley, exigir responsabilidades a aquellos que han llevado al Ayuntamiento a tener que pagar esta suma de dinero». «Tras la reparación de los daños hay que exigir de oficio responsabilidades», añadió.
Quejas millonarias
El asesor jurídico del equipo de gobierno Fernando Llagas informó de que «si el juez estima que lo que se ha hecho ha sido dolo o es una negligencia grave pedirá responsabilidades y el causante del daño tendrá que pagar el dinero que ahora está desembolsando el Ayuntamiento». El informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que no es vinculante, «pero tiene un peso jurídico extraordinario», afirmó el asesor jurídico, asegura que la actuación municipal en el caso de El Ochavo es «irracional y excede el margen de tolerancia». Por esta razón aconseja al Ayuntamiento a pagar las indemnizaciones.
El Consistorio se enfrenta a dos peticiones de indemnización más. Una es la que requiere la empresa El Ochavo de 1,5 millones de euros por los daños causados a consecuencia de la paralización de las obras en el inmueble de Marcos Redondo entre el 8 de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2010. El entonces equipo de gobierno consideró que la obra constituía una infracción urbanística, ya que impedía la alineación de la citada avenida. «El Consejo Consultivo de Andalucía recomienda que se paguen los 36.000 euros de la arquitecta que hizo el proyecto, más el capital invertido, más otra cuantía por inactividad y abandono de las obras. No sabemos a cuánto ascenderá porque hay dos partidas que están por evaluar y determinar», detalló Llagas.
Por otro lado, uno de los propietarios de los locales del inmueble también ha interpuesto una demanda por daño en la que exige una indemnización de 1,1 millones de euros. «Esa indemnización habrá que evaluarla y el propietario tendrá que justificar por qué pide ese dinero», sentenció el asesor municipal.
