En una provincia con cerca de un 30 por ciento de tasa de paro y en una ciudad donde la actualidad económica pasa últimamente por anuncios de cierre y de suspensiones de pago en empresas señeras resulta evidente que la designación de Córdoba como Capital Cultural Europea en 2016 hubiera supuesto un espaldarazo económico en toda regla.
Los datos así lo demuestran. El abogado y experto tributario Javier Martín, que fue el encargado de presentar ante el comité de selección la parte del expediente de la candidatura que versaba sobre el aspecto económico, indicó que los cálculos realizados señalaban que por cada euro invertido la previsión era multiplicarlo por tres en forma de ingresos, «como mínimo».
En el expediente se apuntaba que la inversión prevista en Córdoba por parte de las entidades públicas y privadas en caso de haber obtenido la nominación rondaba los 113 millones de euros. Eso supone que la ciudad ha perdido más de 300 millones de euros (339 en concreto) en forma de volumen de negocio, que hubiera beneficiado a la mayoría de sectores productivos, aunque con una especial incidencia en el turismo y el comercio.
La previsión de reparto de los 113 millones de euros en forma de gasto estaba clara. La mayor parte de la tarta pertenecía al Ayuntamiento, que debía hacerse cargo del 32 por ciento de esa inversión. A continuación se encontraban las empresas privadas y la Junta, que, según las estimaciones, financiaban cada una de ellas un 25 por ciento. El 18 por ciento restante venía de las arcas del Gobierno central. Todo ello sin olvidar los 1,5 millones de euros que hubieran llegado desde la Unión Europea (UE) en base a la concesión del Premio Melina Mercouri a la ciudad designada para la Capitalidad.
El director de ETEA, Gabriel Pérez Alcalá, destacó la pérdida en cuanto a proyección internacional que ha supuesto para Córdoba no ganar la carrera del 2016. Además, el también profesor de Política Económica recordó que hubieran llegado a la ciudad un volumen muy importante de inversiones públicas que «nos hubieran venido muy bien» para la mejorar la economía local.
El hecho de que el jurado haya elegido a una ciudad como San Sebastián que cuenta con uno de los niveles de vida más altos de España también ha sido objeto de debate en los últimos días. Martín informó de que la renta per cápita en la capital donostiarra es actualmente de 32.577 euros, el doble que en Córdoba. «Es evidente que el impacto económico de la designación hubiera sido mucho mayor en nuestra ciudad, pero es cierto que este punto no era un criterio a seguir por el comité», afirmó el abogado.
Pérez Alcalá mantiene una opinión muy similar. Siguiendo una ley básica en economía, como es la de los rendimientos decrecientes, el director de ETEA aseguró que el impacto en la actividad de las inversiones públicas en Córdoba hubiera sido más sensible que en la ciudad vasca, ya que los parámetros económicos vigentes de ésta son mejores.
Los expertos dan también sus consejos de cara al futuro con el fin de que Córdoba pueda beneficiarse en parte de todo el trabajo realizado en la candidatura. Pérez Alcalá abogó por aprovechar la unidad demostrada en la ciudad en los últimos años en torno a este proyecto para hacer de la cultura «el eje de nuestra sociedad del bienestar».
Por su parte, Martín apuntó que la Fundación, que ya ha anunciado el alcalde, José Antonio Nieto, que no desaparecerá, debería apostar su labor en base a un acontecimiento concreto y no realizar una mera sucesión de actividades, debido a que en el primero de los casos los patrocinios privados son más cuantiosos.
