La justicia garantiza a la comunidad internacional un «juicio justo para Zelaya, si reconoce a los tribunales». El Ejecutivo subraya que se mantienen las garantías constitucionales, excepto los derechos de reunión, manifestación y circulación en el toque de queda
El Gobierno interino de Roberto Micheletti alega en su favor que en Honduras se mantiene la independencia de los tres poderes del Estado. Insiste en que no hay militares en puestos de poder político. Y reitera que el 29 de noviembre habrá elecciones; y el 27 de enero de 2010, nuevo presidente.
El Ejecutivo también subraya que se mantienen las garantías constitucionales -excepto los derechos de reunión, manifestación y circulación durante el toque de queda (de diez de la noche a cinco de la mañana)-, incluidos el derecho a la información, la inviolabilidad del domicilio y el «habeas corpus». Éstos -oficialmente- permanecen inalterados, pese a informaciones en sentido contrario aparecidas en medios y agencias internacionales.
Pese a ello, a las nuevas autoridades les cuesta convencer al mundo de que se aquí se actúa conforme a derecho. Roy Urtecho, fiscal general adjunto, lo intenta con ABC: «El Ministerio Público presentó requerimiento contra el presidente Manuel Zelaya Rosales en legal y debida forma, solicitó el allanamiento de su domicilio y presentó orden de captura el 26 de junio» (dos días antes de que fuera ordenado por un tribunal y ejecutado por los militares).
-¿Por qué Zelaya no fue puesto a disposición judicial?
-Hemos iniciado las investigaciones pertinentes, de manera imparcial, sobre los actos que, en efecto, no concuerdan con el andamiaje jurídico, para ver si hay indicios de ilegalidad. Pero también existe la justificación que alegan las Fuerzas Armadas, lo que en Derecho Penal se conoce como estado de necesidad: se evitó un mal mayor con un mal menor; si al presidente lo ponen ante el juez, se hubiera producido un derramamiento de sangre por las turbas que se hubieran opuesto.
-Entonces, ¿el Ejército actuó por cuenta propia?
-Actuó por un mandato legal.
-¿Por qué no fue la Policía quien ejecutó esa orden?
-Fue el Ejercito quien anteriormente se había negado a cumplir una orden ilegal del presidente (la distribución del material electoral para la consulta declarada ilegal por los organismos competentes), mientras que la Policía dijo que participaría en esa encuesta. En esa situación,las Fuerzas Armadas eran las únicas garantes de la Constitución y de la ley.
-¿Qué le espera a Zelaya si regresa a Honduras?
-Le garantizamos a la comunidad internacional que él será sometido a un juicio justo, si reconoce a los tribunales. Si no, tendrá que ser capturado en el país donde se encuentre, y para ello ya se ha librado una orden a Interpol.
